Investigadora sobre Servicios Locales de Educación continuó su ronda de audiencias
Durante su última jornada de trabajo, la instancia recibió a los máximos representantes de los funcionarios asistentes de la educación municipalizada.
La Comisión Especial Investigadora sobre los actos de Gobierno, en particular, de la Dirección de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, así como la intervención de la Dirección Nacional del Servicio Civil, en eventuales irregularidades cometidas en el proceso de implementación de la ley sobre Nueva Educación Pública, prosiguió con su ronda de audiencias.
La instancia, que se conformó especialmente para analizar aquellos actos que dicen relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, recibió dirigentes nacionales de los asistentes de la educación, quienes expusieron su visión respecto de la normativa vigente.
El presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile (Confemuch), Arturo Escárez, sostuvo que existió falta de diálogo a la hora de avanzar con esta reforma; y alertó sobre la precariedad salarial de los trabajadores que representa, desde que fueron traspasados a la administración municipal, “con sueldos de hambre en muchos casos”.
En esa línea, Alejandra Águila, secretaria general de Confemuch, recordó que la norma actual no contempla beneficios como el encasillamiento o los bienios, por lo que retrasar la entrada en vigencia de los servicios locales significa un menoscabo laboral y económico, para más de 90 mil trabajadores.
Cabe recordar que, en sus antecedentes, los parlamentarios y las parlamentarias que solicitaron la creación de la instancia investigadora indicaron entre otros varios puntos, que las comunidades educativas que forman parte de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en funcionamiento y otros en etapas previas, denuncian que la implementación de la citada ley ha conllevado una serie de situaciones irregulares y vicios en su puesta en marcha, así como, además, ausencia de participación y escaso diálogo con las comunidades.
Las y los solicitantes aseguraron que también se recibieron denuncias por parte de los Comités Directivos y Consejos Locales de los Servicios Locales de Chinchorro, Gabriela Mistral, Puerto Cordillera y Costa Araucanía, quienes señalan irregularidades en cuanto a la Estrategia Nacional de Educación Pública. Estos alegan que no existió participación en la elaboración de la Estrategia (pilar central de la nueva ley).
