En la resolución se resalta que, atendiendo las dificultades impuestas por la pandemia, la instalación y proceso de “desmunicipalización” se ha complicado por factores técnicos, económicos y humanos de los trabajadores de la educación pública.

Solicitar al Presidente de la República que, teniendo presente los efectos sanitarios y económicos de la pandemia y la pronta instalación de la Convención Constitucional, haga uso de la facultad prevista en la Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, para modificar el calendario de la segunda etapa de instalación de los Servicios Locales de Educación (SLEP) es el objetivo de la resolución 1573, aprobada por 72 votos a favor, 30 en contra y 40 abstenciones.

La propuesta, presentada a la Sala por los representantes de la FRVS, Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, expone también la necesidad de postergar su entrada en funcionamiento, con la finalidad de asegurar un proceso de traspaso regular, eficiente y eficaz, que tenga presente todos los intereses involucrados, en especial, de los trabajadores y funcionarios que hoy se desempeñan en las distintas municipalidades del país.

En el documento se recuerda que el 24 de marzo de 2021 se publicó el decreto 20, del Ministerio de Educación, que fijó el calendario de instalación de los SLEP en diversas regiones del país. “En su primera etapa, se instalarían 15 SLEP, el que abarca cerca de 2550 trabajadores de DAEM, DEM y de Corporaciones de las 68 comunas que serían sede de estos organismos”, se especifica.

El texto resalta que, en el marco de la pandemia, la instalación y proceso de “desmunicipalización” se ha complicado por diversos factores técnicos, económicos y humanos de los trabajadores de la educación pública.

“Así se evidenció, de acuerdo a los datos obtenidos por la Conafudaem, en el traspaso del servicio educacional de los primeros 11 SLEP que abarcó a 41 comunas en 9 regiones del país, en que 15.140 docentes y 12.650 asistentes de la educación fueron traspasados sin solución de continuidad”, se remarca.

Según se relata, lo anterior afectó a 1.870 trabajadores de los DAEM, DEM y Corporaciones, de los cuales 1.723 funcionarios quedaron sin continuidad laboral, agraviando aún más la situación familiar de los aludidos en el contexto de la pandemia del coronavirus.