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En su primera sesión con invitados/as, la instancia encargada de conocer la procedencia de la acusación en contra de Raúl Figueroa, recibió al presidente nacional del Magisterio. Además, conoció las experiencias de presencialidad en Peñalolén y el déficit de financiamiento en aulas hospitalarias. Asimismo, recabó la opinión de un abogado constitucionalista.

La comisión encargada de estudiar la procedencia del libelo acusatorio en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, comenzó a recabar antecedentes que den cuenta si la autoridad ha cometido infracción contra la Constitución y las leyes.

Para su cometido recibió entre sus primeras audiencias al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Este se refirió a los tres capítulos del libelo. En primer lugar, criticó la ausencia de recursos adicionales para enfrentar la pandemia. Señaló que los docentes han tenido que utilizar recursos materiales propios para la educación a distancia, que ha sido implementada por ellos mismos, sin respaldo ministerial.

Agregó que han sido los propios alcaldes los que han denunciado la falta de financiamiento para la implementación segura de los establecimientos. Un ejemplo de ello es Puente Alto, donde solo tres o cuatro escuelas, de 40 municipales, reciben recursos.

Respecto a las subvenciones dijo que hay una regulación incompleta, tardía y discriminatoria con ciertos establecimientos. Ello ha influido en la disminución de alumnos vulnerables y en deserción escolar porque no existe acceso a conectividad, ni a clases telemáticas. Además, “hay pérdida del bono docente, por la baja de alumnos prioritarios”.

En segundo lugar, Díaz indicó que “se afecta la dignidad y las condiciones laborales de profesores en todo el país”. Sostuvo que han existido numerosos abusos laborales y agobio laboral docente, por la falta de regulación para que se cumplan contratos de trabajo y horarios acordados. Además, afirmó que hay retraso en el pago del bono de incentivo al retiro en hasta cuatro años.

Finalmente, respecto a la amenaza a la vida e integridad física y psíquica, criticó la campaña del ministerio que tiene como prioridad abrir escuelas, sin considerar el bienestar integral de la comunidad. En todo caso, señaló que están de acuerdo en volver cuanto antes, pero cuando las condiciones sean seguras, cumpliendo con los protocolos respectivos.

Peñalolén y aulas hospitalarias

La alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, expuso sobre la experiencia exitosa desarrollada en los establecimientos municipales de su comuna, que permitió volver a la presencialidad desde noviembre de 2020, en fase 2. De manera voluntaria y continuando con clases online. Ello luego de consultas ciudadanas y el trabajo con las comunidades escolares.

Dijo que cumplen con certificación de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en cuanto a protocolos sanitarios. Además, han invertido en conectividad y promovido el bienestar físico y síquico de alumnos y profesores.

A juicio de la alcaldesa, la responsabilidad recae en los sostenedores para ocupar el 100% de los recursos para implementar protocolos sanitarios y generar las condiciones para el retorno. Agregó que no le parece transferir la responsabilidad al ministro, ya que hay establecimientos con mala gestión y municipios que no han ocupado los recursos.

Una situación completamente opuesta viven las 57 Aulas y Escuelas Hospitalarias que existen en el país, que temen el cierre definitivo por falta de recursos. Esto derivaría del cambio en la forma de pago de la subvención escolar en 2021 que es por matrícula, que significa una disminución de recursos de hasta el 88% del total anual.

Dichos establecimientos atienden a alumnos vulnerables que se encuentran en hospitales o con atención domiciliaria y han cerrado sus puertas, desde marzo de 2020, por la pandemia, pero que continúan su labor de manera virtual.

Silvia Riquelme dijo que se está vulnerando el derecho a la educación de alumnos con enfermedades crónicas o agudas físicas y mentales. Agregó que se han reunido con el ministro sin tener solución. “Ni siquiera recibimos el piso determinado por ley. Pedimos transparencia porque no entendemos los cálculos, que son diferentes en cada aula”, insistió.

Abogado constitucionalista

El abogado constitucionalista Jorge Barrera consideró esta acusación como una de las más débiles presentadas en la Cámara. Citando al profesor Patricio Zapata, dijo que es un “wantán jurídico” al que le falta carne y sustancia para acusar al ministro Figueroa.

El jurista agregó que el ministro no es responsable de aumentar recursos que ya han sido aprobados en la ley de presupuestos. No existe norma que permita hacer algo así, recalcó, ya que la billetera fiscal está a cargo del ministro de Hacienda y del Presidente de la República.

Sobre los cambios a la Ley de Subvenciones (SEP), recalcó que se aplica el caso fortuito por pandemia. Sostuvo que ello ha sido ratificado por órganos contralores, por lo que estimó que también es un argumento incorrecto.

Y, en cuanto a los docentes, planteó que la Dirección del Trabajo ha señalado que las normas de teletrabajo no aplican a los establecimientos educacionales.