El objetivo de la resolución aprobada es resguardar a las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de insumos y servicios a empresas contratistas y subcontratistas de proyectos de generación de energía.

Al Ejecutivo se dirige la resolución 1.600, que solicita al Presidente de la República que diseñe e implemente una política pública con la finalidad de resguardar a las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de insumos y servicios a empresas contratistas y subcontratistas de proyectos de generación de energía.

Para ello, el documento –ratificado con 124 votos afirmativos- requiere establecer un mecanismo que asegure el pago íntegro y oportuno de las obligaciones contraídas. Por esa vía, se estima que se evitarían perjuicios que afectan a las mipymes, asociadas al incumplimiento contractual de quienes subcontratan proyectos fotovoltaicos y eólicos.

En los fundamentos se explica que cerca de 100 mipymes proveedores de insumos y servicios a empresas contratistas y subcontratistas extranjeras han denunciado el incumplimiento reiterado en el no pago de servicios prestados por un monto actual de $9.490.554.864.

Específicamente, se alude a contratistas que prestan labores a proyectos energéticos en comunas como Antofagasta, Calama, Pozo al Monte, María Elena, Copiapó, Santiago y Concepción, entre otras,

Contexto actual

La legislación actual circunscribe este problema a un incumplimiento contractual de obligaciones civiles. Las acciones que contempla dicho marco normativo, se acota, hacen inviable el cobro efectivo de las deudas.

En efecto, los proveedores de insumos y servicios carecen de un mecanismo que posibilite el pago íntegro y oportuno por parte de las empresas. Se sostiene que, al momento de recibir los pagos del mandante, se declaran en insolvencia. En otros casos, simplemente desaparecen y abandonan el país dejando en total indefensión a quienes efectivamente prestaron los trabajos.

La resolución concluye que el Ejecutivo no puede obviar el problema. Sostiene que las mipymes representan a la mayoría de las empresas del país. Además, son el motor de la economía nacional, por lo cual el Estado debe cuidarlas, resguardarlas y promoverlas.

La idea se presentó a la Sala por los/a legisladores/a de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban VelásquezJaime Mulet y Alejandra Sepúlveda.