Contralor expuso ante comisión investigadora sobre actuación policial
Jorge Bermúdez entregó al grupo fiscalizador antecedentes sobre los sumarios que llevó adelante la institución que lidera, referidos a los hechos ocurridos con posterioridad al estallido social, en materia de control del orden público.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso ante la comisión investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, en relación al estallido social (CEI 44).
El personero señaló que, desde el estallido social, el ente fiscalizador recibió un total de 542 denuncias por el accionar de Carabineros e Investigaciones. De este total, 187 pueden catalogarse como violaciones a los DDHH. Esto, principalmente, debido a una mala utilización de elementos disuasivos.
Explicó que, si bien en principio Carabineros argumentó que Contraloría no tenía competencias para supervisar, esto quedó descartado. “No se juzgan las decisiones que la institución adopta, sino que el cumplimiento de los protocolos establecidos en la misma ley para dichos efectos”, destacó.
Adicionalmente, lamentó que a la fecha no se resuelva la situación de los generales Rodríguez, Bassaletti y Ávila, respecto de quienes están concluidos los sumarios.
Bermúdez recordó que se solicitó suspensión temporal de sus funciones, resolución que no se tomó por estar pendiente la apelación de nulidad de cargos, por parte de los involucrados. A ello se suma el ascenso de rango, en este año, de los dos primeros.
“Yo solo puedo expresar frustración, si es que cabe. Carabineros es una de las instituciones más importantes del país por el rol de orden público y seguridad que cumple. Es necesario una modernización profunda, un fortalecimiento de su gestión administrativa y acotar la especificidad de la función policial”, precisó.
Defensa de carabineros
La instancia recibió, además, a la abogada Nubia Vivanco, defensora penal privada de carabineros imputados por violaciones a los derechos humanos. La profesional aseguró que no existe una política de agentes del Estado para atacar a la población.
Al respecto, hizo referencia a informes de organizaciones internacionales que han estado atentas a la situación que ocurre en Chile. Según esos documentos, “no se puede constatar indicios de que exista una política de violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad”.
“Estoy aquí para visibilizar la falta de igualdad del Ministerio Público que ha establecido sus propios protocolos para perseguir a un grupo de ciudadanos”, afirmó.
