Los gremios del sector -entre ellos el Colegio de Profesores- pidieron a la Comisión de Educación hacer las gestiones necesarias para suspender el calendario de instalación de los servicios locales de educación.

La Comisión de Educación recibió en audiencia a una serie de dirigentes que se manifestaron en contra de la Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.

El primero en exponer fue el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SNTE Chile), Michael Humaña. El dirigente presentó una solicitud para suspender la implementación de la señalada normativa.

Según Humaña, el marco legal, que está siendo ejecutado en forma gradual, ha sido un grave atentado contra la educación pública. En tal plano, exigió suspender la implementación de todos los servicios locales de educación pública.

Para lo anterior, pidió a la Comisión de Educación hacer las gestiones necesarias para suspender el calendario de instalación de los mencionados servicios.

Participó también Clarisa Seco, presidenta de la Confederación de Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF). En lo particular, la dirigenta solicitó que la educación vuelva al Estado, incluidos los jardines infantiles.

Colegio de Profesores

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró que la mencionada ley no es la desmunicipalizacion que los profesores pedían para Chile. Ello, ya que mantendría los pilares de la actual municipalización, “con un sistema de financiamiento que tiene quebrada a la educación pública”.

Carlos Díaz manifestó reparos con la puesta en práctica de la normativa. Esto se vería reflejado en la perdida de derechos y en despidos masivos, así como en la rebaja de horas docentes.

El presidente del Magisterio se sumó a la petición de suspender la puesta en marcha de los servicios locales de educación. Para dicho efecto, planteó una prórroga de, al menos, dos años.

En tanto en representación de los Asistentes de la Educación estuvo presente el vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Educación, Óscar Méndez. Dijo que el problema de la Ley 21.040 es que no tiene alcance nacional, generando diferencias entre los trabajadores de distintos puntos del país.

De tal modo, llamó a detener su implementación y homologar los beneficios a todos los asistentes de la educación. Esto último, hayan sido traspasados o no a los servicios locales de educación.

En tanto el director (S) de Educación Pública, Alfredo Romero, aseguró que sería prácticamente imposible aplazar esta ley. La razón, según explicó, es que las compras y adquisiciones ya están en proceso.

Además, calificó como “peligroso” suspender toda política pública a la espera de la redacción de la nueva Constitución. Asimismo, agregó que, como funcionarios públicos, están mandatados para implementar la nueva normativa.