Aprueban en general proyecto sobre Administrador Provisional de Educación en tiempos de pandemia
La iniciativa busca permitir que el administrador provisional solicite la prórroga de su mandato, cuando este hubiese coincidido con un estado de excepción constitucional.
La Comisión de Educación aprobó, por la unanimidad de sus integrantes, la idea de legislar del proyecto que modifica la Ley 20.529, que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, para permitir al administrador provisional solicitar la prórroga de su mandato, cuando este hubiese coincidido con un estado de excepción constitucional (boletín 13900).
El texto, en primer trámite constitucional, generó visiones encontradas con el Ejecutivo y parlamentarios, considerando que, a juicio de algunos legisladores como el diputado Mario Venegas (DC), busca resolver la situación de tres colegios específicos (dos sedes del Comewealth de Chillán y el Almondale del Biobío) y no de establecimientos afectos por una situación de pandemia.
“Me resulta incómodo descubrir y haber puesto mi firma a un proyecto que tenía una finalidad que se acota a tres colegios en específicos. Creo que no es el tema. Entendí que esto era en el marco de la pandemia, pero cuando hablamos de tres colegios, dos en realidad, porque uno tiene un anexo, esto linda en un límite que al no debiéramos entrar, porque debemos legislar para el bien general y no para tres colegios”, resaltó.
Remarcó que, hoy, hay solo tres colegios con administrador provisional en Chile, por lo que estimó que “hay que diferenciar la acción de un administrador en pandemia y otra fuera del marco de un estado de excepción constitucional”.
Por su parte, el diputado por Ñuble, Gustavo Sanhueza (UDI), dijo que estas situaciones tienen incorporado un tema emotivo fuerte, porque la comunidad del colegio Comewealth de Chillán es “espectacular”.
“Nos han dado un ejemplo de cómo trabajar unidos. En parte del 2019, sus profesores trabajaron sin sueldos y eso nos movilizó a buscar una prórroga para este 2020. Si bien es cierto, si uno aplica la ley, el proceso por si está cerrado, no podemos castigar a una comunidad escolar por los actos ilícitos de un sostenedor que generó esta sanciones”, planteó.
El Ejecutivo
El superintendente de Educación Escolar, Cristian O’Ryan Squella, fue claro al señalar que poco se podía hacer por los colegios mencionados, ya que los temas estaban resueltos incluso por la vía de los tribunales.
“El tema es que no tienen el reconocimiento oficial ratificado por la corte de apelaciones y suprema. Si, eventualmente hubiese una prórroga, no tendrían qué colegio administrar. Retrotraer una sanción como esta sería complicado”, acotó.
José Pablo Núñez, asesor del Ministerio de Educación, dio a conocer una opinión similar. “El tratamiento de este proyecto de ley, en el entendido que estamos en pandemia, no es tal, porque aquí uno de los principales problemas y reestructuraciones que tuvo esta comunicad escolar al avanzar a un nuevo proyecto educativo no fueron temas en cuanto a voluntades, ya que siempre se entregaron los apoyos del ministerio”, precisó.
Sostuvo que, aquí. se está con problemas de reestructuraciones legales, por lo tanto, “más allá de la pandemia, las situaciones de estos colegios no se vio perjudicada por esta o el estado de excepción, sino por problemas de mala administración anterior”.
Finalmente, el presidente del Sindicato del colegio particular subvencionado Comewealth School de Chillán, profesor Rodrigo Guzmán, señaló que este “es un momento triste para la comunidad”, ya que han sido injustamente castigados por el sistema y leyes del país, debido a una administración dolosa.
“No es por los estudiantes o por mala calidad del servicio. No es culpa ni de padres, alumnos o profesores o entidades ministeriales, sino simplemente de una mala gestión de un par de personas”, sentenció.
