Definen comisión que analizará acusación constitucional en contra del ministro de Educación

La instancia, que estará conformada por cinco integrantes, estudiará el libelo acusatorio que aborda temas como el pago de las subvenciones y de beneficios al personal docente, además del retorno a clases.

Cumpliendo con los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, este martes se dio cuenta, en la sesión especial celebrada esta tarde por la Cámara, del ingreso de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por eventual incumplimiento a la Constitución y las leyes.

Conforme al Reglamento, la Sala procedió al tradicional sorteo, mediante el sistema de tómbola, de las/os cinco parlamentarias/os que integrarán la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación. Resultaron electos Marisela Santibáñez (PC), Tomás Fuentes (RN) y los UDI Enrique Van RysselbergheJuan Fuenzalida y Guillermo Ramírez.

A partir de ahora comienza el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al acusado. Luego el ministro Figueroa tendrá un plazo de diez días para concurrir hasta la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.

La instancia, a su vez, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación.

Libelo acusatorio

El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos. El primero de ellos responde a la vulneración del derecho a la educación, que divide los argumentos en ocho apartados. Allí se alude a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuesto para enfrentar la pandemia; omisión en la regulación de las clases a distancia; subvenciones que implicaron fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos, entre otros.

El segundo capítulo se refiere a la vulneración de las/los trabajadores de la educación. Describe la existencia de “abandono y desprotección respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; y, en segundo lugar, respecto al incumplimiento del bono incentivo al retiro”.

Por último, el tercer capítulo se denomina: amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Detalla y recuerda la insistencia del ministro en la vuelta a clases presenciales.

En dicho apartado se despliega un informe de fiscalización de la Contraloría al Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales, respecto del cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios en los establecimientos que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, el cual, según señala el documento, “arroja un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que, evidentemente, reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro”.

El texto fue suscrito por las/los diputadas/os Camila Rojas (Comunes), Gonzalo Winter (PCS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC), Rodrigo González (PPD), Tomás Hirsch (IND), Esteban Velásquez (FRVS) y Marcela Hernando (PR).