Ejecutivo expuso medidas para enfrentar la contaminación en Quintero y Puchuncaví

La ministra de Medio Ambiente informó que están trabajando en un plan de acción, en coordinación con otros organismos y con un nuevo modelo de gobernanza. Asimismo, se avanza en la actualización de normas de emisión termoeléctricas y fundiciones.

La Comisión de Medio Ambiente se reunió para analizar la situación de un nuevo episodio de contaminación ocurrido en Quintero-Puchuncaví. En él, 21 niños y 6 adultos terminaron en un recinto asistencial. Junto a ello, se buscó conocer las medidas que adoptará el Gobierno con el fin de prevenir nuevas ocurrencias de episodios de esta índole.

Cabe recordar que el 16 de mayo pasado se advirtió en la comuna de Ventana un fuerte olor a gas. Debido a esto 27 personas, entre alumnos y profesores del Colegio Sargento Aldea y Jardín Caballito de Mar, acudieron ante el Cesfam de Ventana, tras presentar síntomas de efectos tóxicos de otros gases humos y vapores.

Para abordar esta situación se recibió a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y al subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño. Además, participaron la directora Ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, y del director Ejecutivo de FIMA, Ezio Costa.

La ministra Rojas informó que acudieron al Colegio Sargento Aldea e identificaron que las emanaciones de gas provenían de la empresa Enex S.A. Ante ello, la Superintendencia de Medio Ambiente le entregó a la empresa una serie de recomendaciones. Entre ellas, estar atentos a la manipulación de materiales de asfalto y operaciones de transferencia de los productos. También, sobre mejoras técnicas disponibles de sistema de captura y control de todas las emisiones de gases generadas por asfalto.

Rojas enfatizó que las medidas a corto plazo están orientadas a afrontar la problemática de Quintero, Puchuncaví y Concón desde la prevención y la precaución. Asimismo, se promueve la coordinación y elaboración de un plan de acción de contingencias. Junto con ello, seguir mejorando en capacidad de fiscalización y reacción de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Medidas a largo plazo

El subsecretario de Medio Ambiente dijo que es necesario reforzar el modelo de gobernanza de transición socioecológica justa para avanzar en soluciones más definitivas.

Informó que una de las primeras tareas que están realizando es una revisión de programa de recuperación ambiental y social (PRAS). Este fue creado para que no existan más casos de daños socioambientales sin atención o con atención incompleta. Igualmente, busca restituir los derechos de la naturaleza y de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Detalló que están en proceso de la creación de una oficina de transición socioecológica justa que dé continuidad al trabajo comenzado por la comunidad con los PRAS. Además, están impulsando un comité interministerial y comisiones regionales de transición socioecológica justa.

Proaño confirmó que están, también, actualizando y fortaleciendo la Red de Monitoreo. Asimismo, están trabajando en la actualización de un nuevo cromatógrafo.

Asimismo, están elaborando una norma secundaria para la bahía de Quintero y Puchuncaví . Complementariamente a ello, se avanzará en una norma de compuestos orgánicos volátiles y en la entrega de fondos específicos para la rehabilitación ambiental en el territorio y acceso a la información.

Proyectos de ley

Maximiliano Proaño comunicó que se han presentado iniciativas en el Congreso Nacional que apuntan a mejorar las condiciones en localidades con problemas ambientales y que decididamente pueden contribuir a mejorar la situación de Quintero y Puchuncaví.

Apuntó, específicamente, al proyecto que modifica la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas (boletín 11140).

Otra propuesta relevante (boletín 13652) en este ámbito modifica las leyes 19.300 y 20.417. Su propósito es exigir una resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental.