Economía aprobó legislar para eliminar y prohibir el uso de datos relativos a deudas impagas
La iniciativa busca establecer la prohibición de utilización por los responsables del registro o banco de datos, de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril de 2022.
La Comisión de Economía aprobó, en general, el proyecto iniciado en moción (boletín 14888) conocido como “Chao Dicom”. Su fin es establecer una regulación especial y excepcional del tratamiento de ciertos datos personales.
En específico, la propuesta busca establecer la prohibición, para los responsables del registro o banco de datos, de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril de 2022. Particularmente, rige para los distribuidores de información de carácter económico financiero, bancario o comercial.
Además, dispone la obligación de eliminar de estos registros los datos relativos a obligaciones exigibles e impagas inferiores a $2.500.000. Este monto, considerado por concepto de capital, excluye intereses, reajustes o cualquier otro rubro.
La norma establece multas por incumplimiento, a beneficio fiscal, de 1.000 hasta 2.500 UTM ($56.700.000 a $141.900.000 app), previo requerimiento del titular de los datos.
Expositores
La especialista en Protección de Datos Personales y Nuevas Tecnologías, abogada Romina Garrido, explicó que no hay obligaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, en ningún ámbito.
Recomendó acotar la prohibición de comunicar a un periodo determinado, relacionado con lo que fundamenta el proyecto (Covid-19). Esto, considerando las experiencias anteriores en leyes similares.
Respecto de estos datos debe existir, explicó, un “derecho a bloqueo” por un periodo determinado, pero no eliminación.
Asimismo, sugirió establecer la obligación de eliminar los datos donde se consigna el hecho que una persona es morosa. Ello, transcurrido el plazo en que la deuda prescribe, ya no es exigible o después que ha sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal, modificando para ello la citada Ley 19.628, directamente.
Puntualizó que eliminar el dato no es eliminar la deuda. Adicionalmente, sostuvo que se debe ir en la línea de que los datos únicamente se mantengan en los sistemas crediticios mientras persista el incumplimiento, con un límite máximo, es decir consagrar un derecho al olvido efectivo. (Ver presentación)
La presidenta de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Región de Valparaíso (Unapyme), Gianina Figueroa, dijo, entre otros puntos, que para su gremio sería importante tener esta ley. “Pensando en la reactivación económica y lo importante que es para el sector tener acceso al financiamiento”, puntualizó.
El gerente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Créditos y Ahorros (Coopera), Pedro Pablo Lagos, reconoció que, actualmente, hay un problema, donde hay familias que no lo están pasando bien, por un sobreendeudamiento en un contexto complejo en que aún estamos viviendo derivado por la pandemia, agravado por la situación inflacionaria que afecta el presupuesto familiar. (Ver presentación)
Entre sus propuestas consideraron que es fundamental empujar tres leyes. Las que, en definitiva, a su juicio, confluyen a una mayor y mejor inclusión, mayor y mejor acceso al crédito y con mejores precios:
- Ley 21.096, de datos personales.
- Proyecto de Deuda Consolidada.
- Potenciar la Ley 21.236, de Portabilidad Financiera.
