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Sebastián Bastías, ingeniero civil agrícola y gerente técnico de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes, se reunió recientemente en la sede de Bulnes con representantes de parte de los 30 canales que conforman el sistema de riego del Diguillín. El motivo, era compartir información y establecer una estrategia sobre la normativa que deben cumplir, en plazo que vence en diciembre de 2023, las organizaciones de regantes de todo el país, en el sentido de montar en sus canales, sistemas de monitoreo moderno idealmente en línea, o intermedio, en contacto con sus Juntas de Vigilancia y la Dirección General de Aguas.

Contra la espada, del riesgo de fuertes multas por no cumplimiento. O la pared de una inversión que, para los canales más pequeños, supera el piso de los 2 millones de pesos y para la mayoría es del orden de los 3,5 millones incluyendo sistema de transmisión de datos… lo mejor cumplir, si es posible. “Lo complicado es que si no se cumplen los plazos se te vienen multas, y multas fuertes que ahora no son unidades tributarias mensuales, sino que son unidades anuales. Desde la fecha de publicación del decreto que es 15/12/2021, en lo que nos toca, se estipula con 18 meses para la instalación del equipo y 24 meses para la telemetría”.

Bastías añade que se trata de un sistema de control establecido por decretos de la DGA que datan del 2019 y que instruyen sobre como monitorear las extracciones que hacen los canales: “Lo que se pide específicamente es que aquellos canales que se abastecen de una fuente natural, tienen que medir y reportar a la Dirección General de Aguas sus caudales. El decreto indica cómo tiene que ser el equipamiento de monitoreo, dónde se tiene que instalar y cada cuanto tiempo tiene que transmitir los datos. Esto es una consecuencia y una anticipación a la crisis hídrica que estamos viviendo y tiene que ver con mejores herramientas para poder administrarla. Se trata de herramientas para una mejor gestión”.

¿Quiénes están obligados a cumplir con esta norma y cuándo?

“Esta obligación la tienen que cumplir las organizaciones de usuarios, las juntas de vigilancias, las asociaciones de canalistas y las comunidades de agua. O sea todos los que captan agua de un río tienen que cumplirla. Antes igual se hacía la medición, pero no era obligatorio reportarlo. Se llama Monitoreo de Acciones Efectivas y conforme al decreto la medición rige en los caudales desde el 15 de octubre del 2021”

¿En la práctica que significa?

“Hay que instalar un equipo de medición en la bocatoma. El dispositivo tiene que ser capaz de medir y transmitir información a la Dirección General de Aguas. Mide y registra el caudal que está pasando, en periodos fijos de tiempo. Tiene que ser con un sistema moderno, directo y métrico. Puede usar distintas alternativas de transmisión, puede ser un sistema de telemetría, o de ultrasonido, hay varias alternativas, que permiten conectarse a la DGA”.

• - ¿Qué costo puede tener esto para las organizaciones de regantes?

“Depende de la magnitud, hay muchos factores. Pero nosotros buscamos la alternativa más económica para nuestros regantes, al menos. En el mercado se puede encontrar equipamiento de distintos valores desde 5 millones hasta unos 12. Nosotros nos inclinamos por la opción de un equipo de un costo aproximado de 2 millones, que no permite transmisión automática, y otro de 3,5 millones con transmisión inalámbrica incluida”.

• ¿La exigencia es igual para todos los regantes o exime a los más pequeños?

 “ Nadie está exento, todos tienen que cumplir con la nueva exigencia y dentro de los plazos. Para los más chicos que cuentan con canales con capacidad de caudales entre 1 y 100 litros por segundo, solo se les exime de la obligación de subir su información en forma directa, lo pueden hacer en forma manual con periodicidad de una vez al mes. Eso no quita que en el futuro se les pida también transmitir. Se consideran 4 categorías conforme a los caudales de conducción de los canales de las organizaciones de agua que establecen los plazos para poner en marcha la medición en cada categoría”.

• ¿Qué utilidad le ve usted al asunto?

“Yo creo que con esto Chile pasa a ser uno de los pocos países que tiene un Catastro Público de Aguas, que lleva un registro de dónde y cuánto se está sacando de agua en el país. Hay un catastro de estaciones, de pozos, de extracciones no consuntivas (generación). Este registro es del agua que se extrae de los ríos, que puede ayudar a hacer planificación, para un uso más eficiente del agua”.

¿Para las Juntas de Vigilancia, esto significa más trabajo?

“Implica más trabajo, pero están las condiciones. Antes no existía, no se requería esa medición. Nosotros hacíamos el aforo y entregábamos el agua conforme a la disponibilidad del rio. Va a seguir siendo igual, sigue funcionando tal cual, salvo que ahora vamos a tener un registro estadístico de lo que estamos distribuyendo. Vamos a ser más precisos en lo que estamos entregando en línea y adicionalmente la Dirección General de Aguas va monitorear esa extracción qué es lo que ellos exigen a través de esto decretos”.