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Proyecto de ley propone devoluciones completas por entradas a eventos cancelados y establece plazos claros para compensaciones: se busca fortalecer la protección del consumidor

Un proyecto de ley ha sido ingresado al Senado con el objetivo de reforzar la protección de los consumidores que asisten a eventos públicos como conciertos, festivales y encuentros deportivos. La iniciativa, correspondiente al Boletín N°18.440-03 y presentada por varios senadores, propone modificar la Ley N°19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.

La moción considera que los eventos públicos son fundamentales para la vida social y económica del país, ya que movilizan a miles de personas y generan empleo. Por ello, se busca establecer un régimen especial que garantice la devolución íntegra del valor de la entrada y todos los cobros asociados en situaciones de suspensión, cancelación o modificación de eventos.

El proyecto establece que los consumidores tendrán derecho a recibir información clara y a solicitar la devolución de todo lo pagado en un plazo máximo de diez días hábiles. Esto incluye no solo el costo nominal de la entrada, sino también los cargos por servicio, comisiones y otros gastos relacionados con la compra.

Además, si el incumplimiento es imputable al organizador o proveedor del evento, los consumidores podrán reclamar compensaciones por gastos directos como traslados y alojamiento. Sin embargo, esta compensación no aplicará si la cancelación se debe a razones de fuerza mayor o situaciones externas.

La moción también regula la responsabilidad de los diferentes actores involucrados en la organización y venta de eventos, estableciendo que deben responder ante los consumidores en caso de incumplimientos. Asimismo, se prohíbe iniciar la venta de entradas sin contar con los permisos necesarios, y se exige transparencia en la información proporcionada a los consumidores.

Se busca evitar que cláusulas abusivas afecten los derechos de los consumidores y se propone la creación de un marco normativo que impida que los organizadores trasladen sus propios riesgos a los asistentes. La iniciativa contempla, además, la necesidad de implementar mecanismos de respaldo financiero para eventos de gran envergadura.

La propuesta tiene como finalidad equilibrar la protección de los consumidores con el desarrollo de la industria de eventos, promoviendo un mercado más transparente y profesional, donde se reconozcan claramente los derechos de los asistentes.

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