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El Ministerio de Educación de Chile ingresará este miércoles un proyecto de ley que aborda el traspaso de escuelas y liceos de los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Esta iniciativa, que se inscribe en el compromiso del gobierno de José Antonio Kast, busca hacer ajustes a un proceso que ha generado controversia desde su inicio.

Actualmente, 169 municipios han traspasado su servicio educativo a 36 SLEP que están en funcionamiento. Originalmente, se esperaba que los 70 SLEP previstos en la ley estuvieran operativos para 2025, pero este plazo ha sido modificado en varias ocasiones, siendo el más reciente una extensión hasta 2029 para la implementación completa de la ley.

El nuevo proyecto se propone flexibilizar el calendario de implementación, permitiendo a los municipios mejorar su traspaso y gestionar el impacto fiscal de este proceso. El ministerio ha señalado que los ajustes recientes aprobados por el Congreso requieren más tiempo y recursos para su correcta aplicación, lo que ha llevado a la necesidad de recalendarizar los plazos establecidos.

Uno de los principales cambios que contempla la propuesta es permitir que los municipios con buenos resultados educativos puedan continuar gestionando su educación. Aunque la ley actual ya permite esta opción bajo ciertas condiciones, el ministerio considera que los requisitos son restrictivos y limitan su uso. El proyecto plantea facilitar el acceso a esta excepción mediante la modificación de los requisitos pedagógicos y la eliminación de ciertas exigencias financieras.

Entre los ajustes propuestos, se incluye la posibilidad de que el Presidente recalendarice la implementación de los 12 SLEP restantes, asegurando que al menos uno se constituya cada año, con un plazo máximo hasta 2040. Además, se propone extender el tiempo para el traspaso del servicio educativo de aquellos SLEP que ya fueron creados, permitiendo una postergación de hasta tres años.

Los municipios que ya han traspasado sus colegios a un SLEP no serán abordados en esta iniciativa. La propuesta busca, en definitiva, que más municipios puedan seguir siendo sostenedores de sus establecimientos educativos, facilitando el proceso y adaptando la normativa a las realidades locales.