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El 1 de julio de 2026, TVN firmó un contrato de arriendo con Porcel TV por el uso del Estudio 5 y otras dependencias del canal, destinado a la producción del programa de streaming llamado "Próceres", conducido por Pamela Le Roy y Gonzalo Feito. Este acuerdo, que tiene una duración inicial de seis meses y es renovable, incluye el uso de estudio, oficinas y estacionamientos. Sin embargo, la controversia no ha surgido por el hecho de que TVN arriende espacios, sino por la falta de información sobre el monto y las condiciones económicas del contrato.

Leonardo “Lalo” Prieto, dueño de Porcel TV, afirmó que su empresa paga entre 16 y 17 millones de pesos mensuales por el uso de las instalaciones, asegurando que el acuerdo era conveniente tras comparar precios con otras productoras. Sin embargo, posteriormente se reveló una cifra diferente, de 197 UF mensuales, lo que podría elevar el costo anual a aproximadamente 150 millones de pesos. Adicionalmente, circuló una versión que indicaba un contrato de 296 UF mensuales, que incluiría otros servicios como internet y equipamiento. Estas diferencias en las cifras han originado cuestionamientos sobre la transparencia del contrato.

La falta de claridad sobre los montos y servicios incluidos ha llevado a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados a solicitar antecedentes a TVN. El oficio, impulsado por el diputado Alejandro Bernales, requiere la identificación de la persona o empresa que contrató los estudios, el valor total del arriendo, las fechas y horarios de uso, así como detalles sobre las condiciones comerciales y la forma en que se determinó el precio. La Cámara también busca saber si hubo aportes de TVN no incluidos en el arriendo y la comparación de tarifas con otras producciones.

TVN ha defendido el contrato como parte de su política de generar ingresos adicionales mediante el arriendo de espacios ociosos, afirmando que todos sus acuerdos se realizan a valores de mercado. Por su parte, Prieto ha negado cualquier irregularidad en el proceso, explicando que el contrato fue negociado como cualquier otro acuerdo comercial y que la falta de divulgación inicial se debió a una cláusula de confidencialidad. La situación ha sido objeto de críticas, incluyendo solicitudes de investigación por parte de algunos políticos, aunque hasta el momento no se ha comprobado ninguna irregularidad legal.