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El 19 de agosto de 2026, la magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, resolvió acoger la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Michael Clark, excontrolador de Azul Azul, en el marco del caso Sartor. Esta decisión ha generado un contexto crítico para la Universidad de Chile, que se reunirá con el liquidador de Sartor, el abogado Eduardo Godoy.

La reunión, programada para el mediodía del mismo día, tiene como objetivo discutir la perspectiva de la Universidad respecto a los recientes acontecimientos que involucran a Azul Azul. Dorotea López, prorrectora de la Universidad de Chile, expresó previamente que resulta inaceptable que la concesionaria continúe utilizando el nombre y los símbolos de la universidad sin las condiciones mínimas que aseguren el respeto a su carácter institucional y valores.

El estudio elaborado por el jurista Andrés Jana también señala que Azul Azul ha cometido graves incumplimientos en el convenio de autorización de símbolos distintivos, afectando la imagen de la Universidad. Estos incumplimientos han llevado a la institución a plantear que sin el respaldo de su nombre y símbolos, las acciones de Azul Azul perderían valor.

En este contexto, el liquidador Godoy se enfrenta a un desafío, ya que su responsabilidad es recuperar el máximo valor posible de los activos de la empresa. Godoy ha indicado que su enfoque no será intervenir en la administración deportiva, ya que esto debe quedar en manos de las entidades institucionales de Azul Azul. Su tarea principal será vender los activos de la sociedad de acuerdo con las normas concursales, buscando la mayor recuperación posible para los acreedores.

La situación actual de Azul Azul y su relación con la Universidad de Chile es compleja, especialmente tras la reciente resolución del tribunal que impacta directamente en las negociaciones y en el futuro de la institución deportiva.