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El abogado y exfiscal Carlos Gajardo ha expresado su oposición a la reforma constitucional de seguridad propuesta por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Esta reforma habilita al mandatario para declarar un estado de excepción de seguridad pública por un máximo de 240 días en situaciones de amenazas graves a la seguridad pública.

Según Gajardo, la nueva normativa otorga al Presidente amplias facultades que incluyen la restricción de la libertad personal y de locomoción, la limitación de reuniones y el derecho de asociación, así como la capacidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes. Estas atribuciones, según el exfiscal, concentran demasiado poder en el Ejecutivo y reducen los contrapesos institucionales necesarios en un sistema democrático.

Durante su intervención a través de un video, Gajardo argumentó que la concentración de poder en manos del Presidente no se alinea con los principios democráticos que han caracterizado a Chile. En su opinión, este tipo de reformas debe ser evaluado cuidadosamente para evitar la erosión de las garantías constitucionales y la protección de los derechos de los ciudadanos.

La crítica de Gajardo se produce en un contexto donde se discute el equilibrio entre la necesidad de herramientas efectivas para enfrentar el crimen organizado y la preservación de las libertades civiles. El debate sobre esta reforma se centra en cómo garantizar la seguridad pública sin comprometer los derechos fundamentales de la población.