El Resumen Logo

A primera hora de este jueves, más de 80 funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegaron en seis regiones del país para llevar a cabo una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La operación fue liderada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien está indagando una serie de delitos que incluyen fraude al Fisco, fraude informático, delitos contra la salud pública, falsificación de instrumento privado, cohecho y lavado de activos. Los allanamientos también se realizaron en las oficinas de la Junaeb y en el Congreso, buscando recabar evidencia relevante para el caso.

La indagatoria se centra en una presunta trama de corrupción que involucra a varios exdirectivos de Junaeb, incluyendo a la exdirectora Camila Rubio y al exjefe del Departamento de Alimentación, Claudio Alcatruz, así como a otros funcionarios y a miembros del Congreso, como los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Independiente), y el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC).

La fiscal Encina declaró tras los allanamientos que estas diligencias son fundamentales para la investigación, que se relaciona con los contratos del Programa de Alimentación Escolar. Se sospecha que las irregularidades también podrían extenderse a otras regiones del país. Los allanamientos fueron autorizados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y se llevaron a cabo en los domicilios y oficinas de los implicados, con el objetivo de incautar teléfonos, equipos computacionales y documentación.

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, prefecto David Castro, confirmó la incautación de dispositivos móviles y documentos relevantes. La investigación se basa en presuntos delitos cometidos por la empresa Soser, proveedora de alimentos para Junaeb, incluyendo la sobre-declaración de raciones y falsificación de certificados para incrementar los pagos, así como la distribución de alimentos en mal estado.

Asimismo, se ha señalado que Soser habría pagado sobornos a funcionarios públicos para obtener información confidencial y asegurarse la adjudicación de licitaciones. La Fiscalía ha levantado el secreto bancario de los imputados, incluyendo a los parlamentarios, y se dispone de importantes antecedentes que podrían esclarecer la red de corrupción.

El caso comenzó a ser investigado tras una denuncia formal sobre una posible omisión de denuncia relacionada con la manipulación de raciones en el Programa de Alimentación Escolar. El director de Junaeb, Fernando Peña, afirmó que hay suficientes elementos para probar eventuales delitos de corrupción.

El Senado se ha manifestado dispuesto a colaborar con la investigación, asegurando que facilitará la entrega de antecedentes requeridos por las autoridades competentes. A su vez, los implicados han expresado su voluntad de colaborar con la investigación y aclarar su situación.