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El gobierno chileno ha presentado un proyecto de ley que busca mejorar los índices de creación de empleo y reducir la tasa de desocupación. Este proyecto se centra en generar mecanismos que permitan una mayor adaptabilidad horaria respecto a la ley que establece una jornada laboral de 40 horas, la cual se implementará completamente en 2028.

La propuesta, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, incluye modificaciones a los artículos que regulan los pactos de distribución de la jornada ordinaria. En su versión original, se amplía el período máximo de referencia para la distribución de horas de trabajo, pasando de 4 a 16 semanas, manteniendo el límite de 45 horas ordinarias por semana.

Para la distribución de la jornada, se requiere que trabajador y empleador establezcan un acuerdo sobre el calendario de horas de trabajo en el ciclo correspondiente. Las partes podrán acordar diferentes alternativas de distribución de la jornada. Además, el empleador deberá informar al trabajador sobre la alternativa acordada con una anticipación mínima de una semana antes del inicio del mes correspondiente.

Inicialmente, la propuesta no incluía la participación de los sindicatos en el acuerdo, pero tras un debate en la Comisión de Trabajo, el gobierno ha decidido incorporar a las organizaciones sindicales en este proceso. El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, ha indicado que se están considerando las observaciones de los actores relevantes en el debate y que se espera que esta modificación se concrete en las próximas sesiones de la comisión.

Además de las modificaciones al proyecto de ley, el gobierno está trabajando en ajustes a la Ley Karin, que protege a las personas víctimas de acoso o violencia laboral. Según Rosende, el reglamento para estos ajustes ya ha sido firmado por el Ministro del Trabajo y se encuentra en espera de la firma del Presidente antes de ser enviado a la Contraloría, con la expectativa de que esté vigente antes de fin de año.

Expertos laborales han señalado que los cambios propuestos al reglamento son más de forma que de fondo. Rosende ha reconocido esta crítica, indicando que los cambios se centran en el procedimiento de investigación, y ha enfatizado la necesidad de una implementación efectiva para cumplir con los objetivos de prevención de la ley. Se está trabajando junto a la Dirección del Trabajo para emitir un dictamen que facilite la correcta aplicación del reglamento.

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