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La Fiscalía de Ñuble, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes han recurrido a la Corte de Apelaciones de Chillán para solicitar medidas cautelares más estrictas en el caso del alcalde Camilo Benavente. Este edil fue formalizado por dos hechos que el Ministerio Público califica como fraude al fisco, en relación a la compra de la antigua medialuna de Chillán por un monto de $3.276 millones. La operación habría generado un perjuicio al patrimonio público que supera los $2.100 millones, según las acusaciones de la Fiscalía.

El Juzgado de Garantía, en una resolución reciente, decretó el arraigo nacional para el alcalde, pero rechazó la solicitud de arresto domiciliario total. Esta decisión ha llevado a las partes acusadoras a presentar tres apelaciones en conjunto, buscando que el tribunal de alzada revise la resolución y evalúe la posibilidad de aplicar medidas más severas durante los cuatro meses establecidos para la investigación.

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía se centra en el riesgo de interferencias en las diligencias. La fiscal Nadia Espinoza ha advertido sobre presuntas presiones por parte del alcalde y de personas vinculadas a su administración hacia posibles testigos del caso. Estos antecedentes serán considerados durante el proceso judicial, y la defensa del alcalde ha rechazado las irregularidades, sugiriendo que existe una intencionalidad política en su contra. La Corte de Apelaciones deberá tomar una decisión sobre el arraigo nacional y posibles medidas cautelares adicionales, la cual se espera para el lunes 26 de octubre.