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El 1 de julio de 2025, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, firmó el decreto 1943, que autorizó la reducción de condena a Jorge Brayan Escobar, quien había sido condenado en 2022 a tres años y un día de presidio por el delito de violación de una mujer mayor de edad en Puerto Montt. La medida, que disminuyó la pena en seis meses, ha despertado atención en el contexto de la discusión sobre rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

Según información de Mega Investiga, el caso de Escobar se enmarca dentro de un marco legal que permite la reducción de penas si se cumplen ciertos requisitos. En este sentido, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos argumentó que se habían acreditado los criterios necesarios para la concesión del beneficio. El decreto modificó la fecha de término de la condena a 25 de abril de 2025.

El tema fue abordado en una reciente sesión de la Cámara de Diputados, donde el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mencionó que este decreto no se había incluido en la fuga de antecedentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La intervención del ministro generó sorpresa entre los parlamentarios, quienes estaban discutiendo casos de rebajas de penas, especialmente en relación a condenados por delitos contra menores.

Documentos de Gendarmería indican que Jorge Brayan Escobar fue liberado tras la rebaja administrativa de su condena. Este hecho ha llevado a cuestionamientos sobre las decisiones tomadas en la gestión del gobierno anterior, presidido por Gabriel Boric. La situación ha generado un debate sobre el uso de la jurisprudencia como argumento para la reducción de penas en casos de delitos graves.

La información sobre el decreto y el caso de Escobar se hizo pública en un contexto donde las políticas de justicia y seguridad se encuentran bajo análisis y revisión en el Congreso, lo que añade una capa de complejidad al debate sobre la reforma judicial en Chile.