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Contexto del Caso (Información obtenida desde T13.cl)
La Fiscalía se encuentra actualmente investigando un caso de cohecho relacionado con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su círculo cercano. Esta investigación ha cobrado relevancia tras la autorización de allanamientos en las oficinas de Conservadores de Bienes Raíces en Puente Alto y Chillán, donde se han requisado computadores y teléfonos que podrían contener información crucial sobre los presuntos delitos de cohecho. Los conservadores involucrados, Sergio Yábar y Yamil Najle, son sospechosos de realizar traspasos de dinero que podrían estar vinculados a la exministra y a su pareja, Gonzalo Migueles.

La Votación en la Corte Suprema
El 30 de septiembre, la Corte Suprema votó sobre la remoción del juez Ulloa, un tema que ha generado controversia debido a las sospechas de que se realizaron gestiones para influir en el voto del ministro Arturo Prado. Este último, quien había votado a favor de abrir un cuaderno de remoción, cambió su postura y votó en contra de la salida de Ulloa. Este cambio ha sido objeto de análisis por parte de la Fiscalía, que investiga posibles irregularidades en las decisiones de los ministros de la Corte.

Reacciones y Consecuencias
El ministro Prado, consultado sobre la situación, ha negado cualquier intento de influencia en su votación, afirmando que su decisión se basó en la insuficiencia de pruebas presentadas. La fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, ha continuado con las diligencias, sugiriendo que el caso aún tiene muchas aristas por explorar. La situación ha generado un ambiente de incertidumbre en el Poder Judicial, especialmente con una nueva votación que se llevará a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la remoción del juez Ulloa.

“Nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación en un asunto sometido a mi conocimiento como ministro de la Corte Suprema”, declaró Arturo Prado.

Este caso no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también podría tener implicaciones más amplias en la confianza pública en el sistema judicial chileno, particularmente en un contexto donde la transparencia y la ética son cada vez más demandadas por la ciudadanía.