En agosto de 2018, el Gobierno ingresó a trámite, al Senado, un proyecto que busca fortalecer la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza (boletín 12001). Tras casi dos años de análisis, dicha Corporación lo rechazó en su idea de legislar, en julio pasado.

Hoy, el Ejecutivo hace uso, ante la Cámara de Diputadas y Diputados, del mecanismo constitucional de la “insistencia”, que tiene como finalidad buscar la reintegración del trámite legislativo de una iniciativa descartada en general en la cámara de origen.

“El Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si esta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes”, detalla la norma.

En la discusión de esta iniciativa algunos legisladores remarcaron la importancia de proteger adecuadamente a la industria forestal con las herramientas propuestas en esta ley, especialmente a la luz de los frecuentes robos y atentados que ocurren hacia el sur del país.

Otros, en tanto, refutaron la finalidad del proyecto, entendiendo que nuestra legislación ya presenta herramientas para combatir los crímenes que se puedan presentar y estimando que es una forma de disfrazar la ineficacia para establecer paz social en la zona sur de Chile.

Intervinieron por este tema Miguel Mellado (RN), Ricardo Celis (PPD), Gonzalo Winter (PCS), Jorge Alessandri (UDI), Amaro Labra (PC), Cristóbal Urruticoechea (RN), Andrea Parra (PPD), Gonzalo Fuenzalida (RN), Hugo Gutiérrez (PC), José Pérez (PR), Emilia Nuyado (PS) y Sebastián Torrealba (RN).

Al momento de las votaciones, la norma fue rechazada tras reunir 75 votos a favor, 62 en contra y ocho abstenciones. Para su aprobación se requería del voto conforme de dos tercios de los/as diputados/as presentes, esto era, 97. Por efecto de ello, ahora resta comunicar del resultado al Senado y al Ejecutivo, que no podrá presentar una propuesta nueva sino hasta un año más.

Consideraciones de la iniciativa 

La propuesta legal se proponía brindar protección a la industria forestal, reforzando los mecanismos de control y prevención de la sustracción de madera en troza, para lo cual modificaba la Ley del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de modo de traspasar facultades hoy vigentes para dicha entidad a la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

También proponía la creación de un tipo penal específico que castigaba la citada conducta y sancionaba a quien falsifica o hace uso malicioso de certificados falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera.

De igual modo, disponía el comiso de las especies sustraídas, así como de los vehículos, maquinarias y herramientas empleadas; incorporaba la sustracción de madera en troza como uno de los tipos bases del delito de receptación; y posibilitaba utilizar en la indagatoria técnicas especiales de investigación.