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El Ministerio de Hacienda ha emitido una recomendación que sugiere un recorte del 15% en el gasto destinado a programas sociales, entre los que se incluyen la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Gratuidad y otros beneficios. Según un informe de Ciper, el documento filtrado indica que se busca descontinuar 142 programas y reducir el presupuesto de otros 260 planes sociales para el año 2027. Esta recomendación ha sido objeto de controversia, ya que el Gobierno ha minimizado su importancia al considerarlo un insumo interno. Sin embargo, la discusión sobre el impacto de estos recortes ha resonado en el ámbito público durante varios días. La propuesta de Hacienda incluye recortes en recursos destinados a programas como el Subsidio Único Familiar (SUF), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, y también en áreas como educación y salud. La recomendación de reducir el gasto social ha sido criticada por varios sectores, quienes argumentan que afectaría a millones de chilenos que dependen de estos beneficios. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha expresado que los derechos sociales adquiridos deben ser mantenidos y que el Presidente debe resguardarlos. En este contexto, el impacto potencial de la propuesta podría ser significativo, afectando a más de 15 millones de personas en Chile, que verían reducidos sus beneficios en diversas áreas. La situación plantea un desafío para el Gobierno, que se encuentra en una encrucijada entre la necesidad de ajustar el presupuesto y el compromiso de mantener los beneficios sociales prometidos durante la campaña electoral.

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