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La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del ministerio (ANFUMMEG) ingresó antecedentes ante la Fiscalía y también pidió una revisión a Contraloría, acusando posibles irregularidades administrativas, falta de probidad y uso indebido de recursos públicos. Entre las observaciones planteadas figura la eventual aplicación de “asignaciones de funciones críticas” para justificar los reajustes.

Uno de los casos más citados en la prensa es el de una funcionaria cuya remuneración bruta habría subido 35,35%, alcanzando $8.532.957, mientras que otra habría llegado a $8.880.000 con un alza de 35,65%. Estos antecedentes han intensificado las críticas a la gestión interna de la cartera y el debate sobre los criterios usados para modificar sueldos en el sector público.

Desde el ministerio, la ministra Judith Marín informó que instruyó una investigación sumaria y sostuvo que las decisiones administrativas cuestionadas no fueron autorizadas por ella. Por ahora, los antecedentes conocidos corresponden a denuncias y reportes periodísticos, por lo que los hechos siguen bajo revisión institucional y no existe una resolución definitiva sobre eventuales responsabilidades.

La controversia se instala en un contexto especialmente sensible para la cartera, en medio de cuestionamientos políticos sobre la gestión del ministerio y el uso de recursos públicos.