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El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, se encuentra imposibilitado de salir del país tras la decisión del Juzgado de Garantía de Chillán, que dictó esta medida en el marco del desarrollo del caso Medialuna. Esta investigación se centra en un perjuicio estimado en $1.900 millones, relacionado con la compra de un predio en el sector Schleyer.

La formalización de Benavente se basa en dos hechos de fraude al Fisco. La Fiscalía ha indicado que el municipio pagó $3.276.160.000 a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno por la adquisición del terreno, aunque se considera que su valor real es considerablemente menor. Las tres tasaciones del predio se realizaron un mes después de la aprobación de la compraventa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transacción.

Durante la audiencia, la fiscal Nadia Espinoza solicitó la imposición de arresto domiciliario total y la prohibición de acercarse a la municipalidad o de comunicarse con funcionarios del municipio. Sin embargo, el tribunal solo accedió a la restricción de salida del país y estableció un período de cuatro meses para llevar a cabo la investigación.

La Fiscalía también ha alegado que existen antecedentes de presiones ejercidas por el alcalde y otros funcionarios municipales sobre testigos en la causa, lo que fundamentó la solicitud de medidas más severas. Además, el caso involucra un segundo hecho relacionado con la devolución de graderías, corrales, techumbres y ventanales de la medialuna, cuyo valor ya estaba incluido en el precio de compra, generando un perjuicio adicional de aproximadamente $200 millones al municipio.

La situación del alcalde de Chillán queda a la espera de posibles apelaciones por parte de la Fiscalía y la decisión del tribunal respecto a la prohibición de salida del país, en un contexto donde la investigación continúa su curso.