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El Presidente José Antonio Kast anunció que ha instruido al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones a utilizar todas las herramientas legales y administrativas disponibles para expulsar a extranjeros que hayan participado en los desmanes ocurridos el pasado domingo, durante una nueva conmemoración del estallido social.

"No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público", declaró el Mandatario. Agregó que ha encargado a ambas entidades activar los mecanismos necesarios para concretar las salidas del país de dichos individuos.

En el mismo mensaje, Kast destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una iniciativa que busca facilitar la ejecución de órdenes administrativas de expulsión que ya están firmes. Este respaldo se concretó con un resultado de 128 votos a favor y 11 en contra, y su tramitación continuará en el Senado.

El proyecto incluye cambios significativos, como la mejora en la localización y detención de personas sujetas a una orden de expulsión. La Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar autorización a un juez de garantía para ingresar al domicilio donde se encuentre el extranjero requerido y ejecutar la medida, resolución que deberá ser emitida en un plazo de 24 horas.

Además, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir información de particulares, empresas y funcionarios públicos sobre extranjeros en situación irregular, incluyendo nombre completo, domicilio y correo electrónico, con el fin de facilitar las notificaciones de los procedimientos, excluyendo datos de menores de edad y de establecimientos de salud o educativos.

El proyecto incorpora también un registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, notificaciones electrónicas y la posibilidad de retener documentos de viaje. El plazo para presentar una reclamación se reducirá de diez a cinco días, y la interposición del recurso no detendrá automáticamente la ejecución de la medida.

Asimismo, se amplían las causales de expulsión administrativa para incluir graves afectaciones al orden público. Se eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile, y las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta su ejecución.