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El Ministerio de Justicia ha implementado beneficios penitenciarios que han reducido las penas de 56 condenados por delitos de connotación sexual contra menores de edad. Hasta la fecha, se han detallado 33 de estos casos, de los cuales todos corresponden a hombres condenados por abusos, violaciones y otros delitos relacionados. La pena promedio de estos reos era de 8,7 años, con reducciones que van desde tres hasta 30 meses, resultando en una reducción promedio de 14,7 meses.

Entre los beneficiarios se encuentra Juan José Soto, quien recibió la menor reducción de tres meses, lo que lo dejó con una condena de 451 días por abuso sexual. Otro caso notorio es el de Luis Alberto Caamaño Mora, condenado a 22 años por violación y abuso sexual, quien obtuvo una rebaja de 30 meses. Además, Gabriel Hernán Reyes Rebolledo, condenado a 15 años y que ha solicitado indulto, también figura entre los favorecidos.

La información sobre los decretos firmados ha revelado que 22 de ellos fueron visados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y otros 10 por el subsecretario de Justicia, Luis Silva. El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, firmó un decreto debido a un fallo judicial que lo obligó a hacerlo. También se ha destacado la participación de Patricio Cuevas, quien ha subrogado a Silva en varios actos administrativos.

Las reacciones ante estos beneficios han sido mixtas, con críticas centradas en la naturaleza de los delitos y la posibilidad de que los beneficiarios vuelvan a delinquir. El estado procesal de los reos beneficiados aún no ha sido completamente esclarecido, y el gobierno ha manifestado que se está revisando la situación de los casos que aún no se han hecho públicos.

La controversia en torno a la reducción de penas ha llevado a un debate sobre las políticas penitenciarias en Chile, especialmente en relación con los delitos sexuales. Las autoridades han indicado que la cadena de subrogancia en la firma de estos decretos se debe a la ausencia del ministro en algunos momentos, permitiendo que otros funcionarios asuman la responsabilidad de firmar los beneficios.