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En los primeros meses de la administración de José Antonio Kast, se han firmado decretos que han reducido las penas de varios criminales condenados por delitos graves. Entre los beneficiarios se encuentran un narcotraficante italiano, un homicida neonazi, y un autor de femicidio frustrado. La información fue revelada por Bío Bío Chile, que tuvo acceso a más de un millar de decretos firmados por altos funcionarios del Ministerio de Justicia.

Uno de los casos más destacados es el de Massimiliano Beltrami, un narcotraficante italiano que fue detenido en 2018 por intentar ingresar más de 103 kilos de cocaína a Chile. A pesar de ser condenado a nueve años de prisión, un decreto firmado el 15 de mayo de 2026 por el ministro Rabat redujo su sentencia en nueve meses y 16 días, fijando su libertad para el 16 de mayo del mismo año. Según el decreto, la reducción se basó en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que impedía denegar el beneficio de reducción de condena por la gravedad del delito.

Otro caso relevante es el de Patricio Salas Villar, miembro del grupo neonazi «Batallón 38», quien fue condenado en 2017 por el homicidio de Isaac Araya Herrera. A pesar de su condena a 13 años de prisión, un decreto firmado por el subsecretario Luis Silva le otorgó una reducción de 21 meses y 97 días, permitiéndole recuperar su libertad en septiembre pasado.

Asimismo, el decreto que benefició a José Teodulio Zúñiga Argel, condenado por femicidio frustrado, redujo su pena en un mes y seis días. Este individuo fue sentenciado por atacar a una mujer con un hacha, causándole graves lesiones. A pesar de contar con antecedentes penales por violencia intrafamiliar, su condena fue rebajada bajo el mismo argumento de obligatoriedad a acatar los fallos judiciales.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido estas decisiones ante el Congreso, señalando que la normativa vigente no permite denegar estos beneficios. Rabat ha atribuido la responsabilidad de los vacíos legales a la falta de reformas en el Congreso, que no excluyeron a condenados por delitos graves de los beneficios de reducción de penas. En diversas ocasiones, ha manifestado que la negativa a acatar las resoluciones de la Corte Suprema implicaría una violación de la Constitución.