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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha sido señalado por aprobar rebajas de condenas para agresores sexuales de menores, a pesar de las objeciones formales planteadas por las seremis de Justicia de las regiones del Biobío y Metropolitana. Esta situación ha sido documentada por una investigación de Reportea, que reveló que las solicitudes de rebaja de condena fueron rechazadas por las autoridades competentes, pero aun así fueron aprobadas por el ministro.

Durante su comparecencia en el Congreso el pasado 28 de octubre, Rabat afirmó que su cartera se limitaba a formalizar decisiones de la Corte Suprema y comisiones de rebaja de condena. Sin embargo, los documentos analizados sugieren que no solo firmó como parte de un proceso formal, sino que activamente aprobó beneficios a condenados cuyas solicitudes fueron objetadas.

Por ejemplo, el 24 de junio, la Seremi de Justicia del Biobío alertó que Luis Caamaño Mora, condenado por abuso sexual a un menor, no cumplía con los requisitos para acceder a una rebaja de condena. A pesar de esta advertencia, el 8 de julio, el ministro firmó un decreto que permitió una reducción de dos años y medio en su condena.

De manera similar, en otro caso, el 13 de agosto, el Ministerio de Justicia aprobó una rebaja de 11 meses para Sergio Becerra Astorga, a pesar de que la Seremi de Justicia había indicado que no cumplía con los requisitos legales. Esta situación se repitió en otras ocasiones, lo que ha generado debate sobre el cumplimiento de protocolos establecidos para la aprobación de beneficios.

Los decretos analizados en la investigación detallan que el ministro firmó beneficios para otros condenados por delitos sexuales contra menores, a pesar de las objeciones de las seremis. Además, se mencionó que en ocasiones, el ministro decidió rechazar rebajas de condenas para delitos no relacionados con agresiones sexuales, argumentando que los postulantes sí cumplían con las causales de exclusión.

Desde el Ministerio de Justicia se comunicó que las comisiones de rebaja de condena deben evaluar la conducta de los reos y que todas las solicitudes son revisadas para determinar si cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, la investigación de Reportea ha puesto en evidencia la discrepancia entre las decisiones del ministro y las recomendaciones de las seremis, lo que ha suscitado preocupación en el ámbito judicial y ha dejado en entredicho los procesos de aprobación de beneficios.