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El Segundo Juzgado Civil de Rancagua ha emitido un fallo favorable a la Comercializadora Cugat SpA, en el que se declara la prescripción de una deuda tributaria que supera los $30.200 millones. Según la resolución, la Tesorería General de la República (TGR) perdió el derecho a exigir el pago de esta deuda debido a que no realizó las gestiones de cobranza necesarias dentro del plazo legal de tres años. Este caso se remonta a obligaciones que la empresa arrastraba desde septiembre de 2010 hasta enero de 2017.

El tribunal argumentó que, dado que el Fisco no ejerció las acciones de cobro pertinentes en el tiempo estipulado, la empresa tenía derecho a solicitar la extinción formal de sus obligaciones tributarias. La deuda en cuestión, que incluye reajustes e intereses, se ha visto incrementada a lo largo de los años, alcanzando un total de $30.232.487.243. La resolución judicial subraya que el Fisco contaba con un plazo claro para actuar, pero su falta de acción ha llevado a la anulación de la deuda.

Este fallo se enmarca en un contexto donde las empresas enfrentan diversas dificultades económicas, y la decisión del tribunal podría sentar un precedente en cuanto a la responsabilidad del Estado en la gestión de cobros tributarios. La falta de diligencia por parte de la TGR ha generado un debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de la recaudación de impuestos y su capacidad para manejar adecuadamente las deudas tributarias de las empresas.