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La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que solicita la revocación de pensiones de gracia que fueron entregadas en el contexto del estallido social. Este proyecto se centra en revisar los beneficios otorgados a un total de 418 personas, quienes recibieron pensiones como medida de reparación económica. Las pensiones de gracia están dirigidas a personas que han sufrido lesiones graves, tales como trauma ocular, violencia sexual, secuelas de lesiones y discapacidad permanente, con montos que oscilan entre $180.000 y $257.000 mensuales, dependiendo de la gravedad de las lesiones. La base legal para estas pensiones se encuentra en la glosa 12 de la ley de presupuesto de 2022, y fueron acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La medida también establece que los beneficios concedidos desde 2021 pueden ser revocados si se detecta una mejora física en beneficiarios con lesiones leves. Esta decisión se produce en un contexto de críticas hacia la entrega de beneficios, especialmente a personas con antecedentes penales relacionados con delitos durante las protestas. El proyecto fue aprobado en medio de un quiebre en el oficialismo, donde algunas bancadas votaron en contra, lo que añade un elemento de tensión política a la discusión sobre las pensiones de gracia y su impacto en la justicia social. Cabe resaltar que más de $7.009 millones han sido pagados en total por estos beneficios desde su implementación.

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