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El lunes, el Presidente José Antonio Kast firmó la reforma que busca alzar a rango constitucional la seguridad pública, uno de los principales ejes de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Se espera que el proyecto ingrese al Senado para su discusión el jueves o viernes de esta semana.

Desde el oficialismo, han surgido dudas sobre la iniciativa, especialmente en relación a la modificación de la Carta Magna. El senador Andrés Longton (RN), miembro de la Comisión de Seguridad, expresó que no ve razones para modificar la Constitución y cuestionó la necesidad del nuevo estado de excepción constitucional.

En la misma línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, destacó que su enfoque es realizar la menor cantidad de cambios posibles en la Constitución. Longton y Ramírez coincidieron en la necesidad de estudiar con detenimiento cuáles son las normas que deben ser modificadas.

Por su parte, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, defendió la reforma y aseguró que las dudas expresadas por sus colegas pueden deberse a que aún no han revisado el detalle del proyecto. Squella indicó que ya ha analizado la iniciativa a fondo y que se siente preparado para discutirla, sugiriendo que otros senadores también comprenderán su importancia al conocer los detalles.

Squella argumentó que es fundamental aumentar la colaboración de los militares en ciertas operaciones debido a la complejidad de los armamentos utilizados por las bandas criminales. Señaló que esto podría no alinearse con el conocimiento que poseen las policías, lo que puede influir en los resultados judiciales.

El senador también manifestó su intención de reunirse con Longton para avanzar en la discusión sobre los contenidos de la reforma. En su opinión, se trata de un proyecto muy necesario para abordar la situación de seguridad en el país.