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La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó un fallo unánime que marca un hito en la jurisprudencia de las cobranzas estatales, al rechazar cuatro recursos de protección interpuestos por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Los recurrentes argumentaban que la Tesorería General de la República (TGR) incurría en un acto ilegal y arbitrario al aplicar las severas normas de cobranza del Código Tributario a obligaciones que, a su juicio, poseían una naturaleza puramente civil y contractual. El tribunal descartó de plano estos argumentos, ratificando la total legalidad del congelamiento y embargo de cuentas bancarias como mecanismo legítimo de recaudación.

El análisis de los ministros se centró en la activación de la garantía estatal. Cuando un beneficiario del CAE deja de cumplir con sus cuotas, el Estado chileno debe pagar a los bancos comerciales el monto garantizado con recursos del fisco. Una vez ejecutado este desembolso, la ley mandata imperativamente a la TGR a perseguir la restitución de estos dineros públicos. El dictamen judicial aclara que, al transformarse en un crédito a favor del fisco, el organismo recaudador cuenta con las prerrogativas legales para utilizar su propio marco normativo tributario, validando el uso de embargos forzosos sobre activos financieros sin que esto constituya una vulneración a las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Este veredicto se alinea con los criterios previamente establecidos por la Corte Suprema, la cual ha declarado inadmisibles cientos de acciones similares en los últimos meses, unificando la postura del Poder Judicial frente a la morosidad estudiantil. Según los registros oficiales de la TGR, las retenciones de fondos han afectado a más de 1.500 personas a nivel nacional. La estrategia del Ejecutivo se ha concentrado de forma prioritaria en aquellos contribuyentes de alta capacidad económica que perciben remuneraciones sobre los $3,5 millones mensuales y que no han regularizado sus saldos. Tras la resolución, la TGR instó a los usuarios a utilizar sus plataformas presenciales y digitales para convenir soluciones de pago.