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El Juzgado de Garantía de Temuco ha admitido una querella criminal que involucra a la actual seremi de Justicia de La Araucanía, Stephanie Caminondo, y al exgobernador Luciano Rivas, por supuestos delitos de administración desleal y prevaricación. La querella se origina en la ejecución del programa "Reactivación Económica de las MIPYMES", el cual distribuyó cerca de $9 mil millones entre 328 beneficiarios en la región. La denuncia señala un presunto perjuicio patrimonial que asciende a $5.898 millones, correspondiente a aproximadamente el 65% de los recursos observados por la administración actual. Caminondo, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo durante la ejecución del programa, es la primera seremi en ejercicio en ser involucrada en esta investigación, que hasta ahora solo apuntaba a exfuncionarios del gobierno anterior. La querella también incluye a otros exfuncionarios, como Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas, quienes formaban parte de la Comisión de Evaluación Estratégica, responsable de recomendar proyectos para adjudicación. El gobernador René Saffirio ha declarado que la acción judicial responde a una obligación institucional ante la gravedad de los antecedentes, destacando que no se persigue a personas, sino que se exigen responsabilidades. La Contraloría General de la República mantiene una investigación paralela sobre el destino de los recursos entregados a los beneficiarios. Además, se ha instruido un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades en la gestión del programa. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, todos los querellados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.