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Este martes, el Senado llevó a cabo la votación que resultó en el rechazo de la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric. La decisión se produce en un contexto político marcado por la tensión y el debate sobre las proyecciones fiscales realizadas al final del gobierno anterior. La acusación fue impulsada por parlamentarios de los partidos Nacional Libertario (PNL) y Republicano (REP), quienes señalaron que Grau tenía responsabilidad política en las discrepancias observadas entre las proyecciones de déficit fiscal y la deuda pública.

La Cámara de Diputados había aprobado la acusación con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, lo que había sembrado expectativas sobre el futuro del libelo en el Senado. Sin embargo, la votación en la Cámara Alta se anticipaba adversa debido a la ausencia de representantes del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos fueron clave para el avance de la acusación en la Cámara Baja. Finalmente, el primer capítulo de la acusación fue rechazado con 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.

El rechazo continuó con el segundo capítulo, que fue desestimado con nueve votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones. El tercer capítulo también fue rechazado con 16 votos a favor, 26 en contra y tres abstenciones. Por último, el cuarto capítulo fue rechazado con 10 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, cerrando así la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro Grau.

Durante la discusión, varios senadores expresaron sus opiniones sobre la viabilidad de la acusación. El senador Vlado Mirosevic (PL) manifestó que no existía tal infracción, argumentando que la acusación constitucional no debía basarse en apreciaciones de la gestión pública. Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) se inhabilitó para votar debido a su parentesco con Grau, mientras que el senador Karim Bianchi (IND) cuestionó el costo económico de la convocatoria a la votación, estimando que podría ascender a cerca de $200 millones. La senadora Andrea Balladares (RN) también indicó que no había logrado la convicción suficiente sobre la existencia de la causal de infracción constitucional.

En un contexto más amplio, el senador Fidel Espinoza (PS) destacó que el mecanismo de acusación constitucional ha perdido su carácter excepcional y se ha convertido en una herramienta de confrontación política. Finalmente, la senadora Paulina Núñez (RN) anunció su voto en contra, argumentando que, aunque reconocía la gravedad de la situación fiscal, no consideraba que se hubiera probado la responsabilidad constitucional del exministro de Hacienda. Esta serie de eventos pone de relieve las complejidades del debate político en Chile y el papel de los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.