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Este martes, el Senado llevó a cabo una votación que resultó en el rechazo de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, quien se desempeñó como ministro de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric. La decisión se enmarca en un ambiente político tenso, donde se han debatido las proyecciones fiscales del gobierno anterior y la responsabilidad del exministro ante las discrepancias en este ámbito.

La Cámara de Diputados había aprobado la acusación con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, lo que había generado expectativas sobre su futuro en el Senado. Sin embargo, se anticipaba un desenlace adverso en la Cámara Alta debido a la ausencia de votos del Partido de la Gente, esenciales para el avance en la Cámara Baja. Finalmente, el primer capítulo de la acusación fue desestimado con 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.

El rechazo continuó con el segundo capítulo, que fue votado con nueve a favor, 32 en contra y dos abstenciones. El tercer capítulo también fue desestimado con 16 votos a favor, 26 en contra y tres abstenciones, mientras que el cuarto capítulo fue rechazado con 10 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, cerrando así el proceso de la acusación constitucional contra Grau.

Durante el debate, varios senadores expresaron sus opiniones sobre la procedencia de la acusación. El senador Vlado Mirosevic argumentó que no había una infracción clara, sugiriendo que la acusación no debería basarse en valoraciones de la gestión pública. La senadora Claudia Pascual se inhabilitó para votar por su parentesco con Grau, mientras que el senador Karim Bianchi cuestionó el costo de la votación, estimando que podría alcanzar los $200 millones. Asimismo, la senadora Andrea Balladares señaló que no había suficiente convicción sobre la existencia de la causal de infracción constitucional.

En un contexto más amplio, el senador Fidel Espinoza destacó que el uso de la acusación constitucional ha perdido su carácter excepcional, convirtiéndose en una herramienta de confrontación política. Finalmente, la senadora Paulina Núñez anunció su voto en contra, argumentando que, pese a reconocer la gravedad de la situación fiscal, no se había demostrado la responsabilidad constitucional del exministro. Este episodio resalta las complejidades del debate político en Chile y la función de los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.