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En la sesión del martes, el Senado llevó a cabo la votación que resultó en el rechazo de la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau, quien se desempeñó como ministro de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric. Esta decisión se produce en un ambiente político marcado por tensiones y controversias sobre las proyecciones fiscales del gobierno anterior. La acusación había sido presentada por legisladores de los partidos Nacional Libertario (PNL) y Republicano (REP), quienes argumentaron que Grau tenía responsabilidad política en las discrepancias entre las proyecciones de déficit fiscal y la deuda pública.

La Cámara de Diputados había aprobado la acusación con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, lo que generó expectativas sobre su futuro en el Senado. No obstante, se anticipaba que la votación en la Cámara Alta sería desfavorable, especialmente por la ausencia de representantes del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos habían sido fundamentales para el avance de la acusación en la Cámara Baja. Finalmente, el primer capítulo de la acusación fue rechazado con 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.

El rechazo continuó con el segundo capítulo, que fue desestimado con nueve votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones. El tercer capítulo también fue rechazado con 16 votos a favor, 26 en contra y tres abstenciones. Por último, el cuarto capítulo fue rechazado con 10 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, cerrando así la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro Grau.

Durante el debate, varios senadores expresaron sus opiniones sobre la viabilidad de la acusación. El senador Vlado Mirosevic (PL) sostuvo que no existía tal infracción, argumentando que la acusación constitucional no debía basarse en meras apreciaciones de la gestión pública. Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) se inhabilitó para votar debido a su parentesco con Grau, mientras que el senador Karim Bianchi (IND) cuestionó el costo económico de la convocatoria a la votación, estimando que podría ascender a cerca de $200 millones. La senadora Andrea Balladares (RN) también indicó que no había logrado convencerse de la existencia de la causal de infracción constitucional.

En un contexto más amplio, el senador Fidel Espinoza (PS) destacó que el mecanismo de acusación constitucional ha perdido su carácter excepcional, convirtiéndose en una herramienta de confrontación política. Finalmente, la senadora Paulina Núñez (RN) anunció su voto en contra, argumentando que, aunque reconocía la gravedad de la situación fiscal, no consideraba que se hubiera demostrado la responsabilidad constitucional del exministro de Hacienda. Esta serie de eventos pone de manifiesto las complejidades del debate político en Chile y el papel de los mecanismos de fiscalización en la gestión pública.