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Ésta da cuenta de vulneración de derechos, que impiden el desarrollo en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Vida plena, activa y digna, en un contexto de libertad, no es posible para todos. La falta de políticas integrales del Estado, con participación de todos, ha provocado una gran brecha social.  

Las respuestas implican desafíos que consideren la discapacidad desde la inclusión, en virtud de la diversidad de las personas y con un enfoque descentralizado y participativo desde cada territorio del país.

La reciente promulgación de la Ley 21.275 que exige contar con un experto certificado en inclusión en el área de RRHH de las empresas, y que complementa la norma de la Ley 21.015, marcará la diferencia de derecho al empleo en todo el país. Santiago no es Chile, y la inclusión no tiene fronteras.

En Educación la brecha es gigantesca. Una de cada dos personas con discapacidad termina la enseñanza básica, una de cada 10 la educación media y solo una de cada 20 ingresa a la educación superior. El desafío: una Ley de Inclusión Escolar, que no excluya a los niños con discapacidad y aprobar una Ley de cuotas en materia escolar.   

Segundo desafío: trasporte público inclusivo en todo el país y fiscalización para que todos los espacios de uso público tengan accesibilidad universal ¿Qué hace una persona en silla de ruedas en regiones? La accesibilidad es un derecho de todos (no de algunos).

Tercer desafío: no podemos olvidar a quienes no pueden insertarse en un empleo regular. Desde TACAL sugerimos que el Estado “se meta la mano al bolsillo”, y promueva empresas de transición al empleo. Así, se podrán capacitar por 1 o 2 años en actividades productivas reales, y una vez adquiridas las competencias, el Estado intermediará para que puedan incorporarse al mercado laboral regular.

Requerimos un cambio de mentalidad, es tarea de todos. Debemos preguntarnos, cuál será nuestro rol para que Chile sea inclusivo. El desafío parte este 2021.