El proyecto contempla modificar la Ley General de Educación, integrando la comprensión de la inclusión social como objetivo general, a través de lengua de señas como herramienta comunicacional de integración. La propuesta contempla su introducción a partir de la enseñanza básica y culminaría al término de la media.

La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad aprobó de manera unánime y despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley permite consagrar la enseñanza de la lengua de señas como objetivo general de la educación y como parte fundamental de la inclusión social en los establecimientos educacionales(boletín 12.281).

El texto, originado en la moción de las y los diputados Catalina Del Real (RN), Karin Luck (RN),  Camila Rojas (Comunes), Boris Barrera (PC), Tomás Hirsch (IND), Patricio Rosas (IND), Raúl Soto (IND), Renzo Trisotti (UDI) y Esteban Velásquez (FRVS), será informado a la Sala por la presidenta de la Comisión, Carolina Marzán (PPD), también autora del texto.

El grupo de legisladores aprobó una serie de indicaciones a la propuesta que busca establecer en la Ley General de Educación la lengua de señas como herramienta comunicacional de integración social. De esta manera, acordaron incorporar el reconocimiento, fomento y promoción de la lengua de señas y otras a fines, como parte esencial de una enseñanza inclusiva para todos los establecimientos escolares.

Lo anterior, independientemente de si existen en ellos niños y niñas con necesidades educativas distintas: sordas, ciegas o sordociegas, a fin de favorecer la comunicación entre todos y sin realizar distinciones.

Asimismo, convinieron que los colegios deberán desarrollar aprendizajes para expresar mensajes simples y en lengua de señas chilena.

También aprobaron un artículo transitorio que estipula que la futura norma entrará en vigencia al inicio del año escolar 2023 para los establecimientos educacionales que dentro de su comunidad escolar cuenten con alumnos con discapacidad auditiva o sordos.

Para los demás establecimientos educacionales, la ley regirá a partir del inicio del año escolar 2024, sin perjuicio de la posibilidad de dar cumplimiento voluntario antes de la fecha aquí señalada.