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El Gobierno de Chile, a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ha confirmado que no se considerará la suspensión de la Ley Karin por un período de cinco años. Esta normativa, que busca prevenir y sancionar el acoso laboral y la violencia en el trabajo, ha recibido críticas de algunos sectores que argumentan que ha sobrecargado el sistema de denuncias, dificultando la investigación y resolución de los casos.

La propuesta de suspensión fue impulsada por diputados de diferentes sectores, incluyendo oficialistas, libertarios y republicanos, quienes sostienen que la ley ha provocado un notable aumento en las denuncias, lo que ha llevado a una saturación en los organismos responsables. Sin embargo, el subsecretario Pavez subrayó que no es razonable interrumpir la vigencia de una ley y que el enfoque del Gobierno está en realizar ajustes que mejoren su implementación.

Desde el Ejecutivo se enfatiza que los problemas de aplicación de la Ley Karin deben ser abordados mediante modificaciones reglamentarias y mejoras institucionales, sin dejar sin efecto una normativa que tiene como objetivo la protección de los trabajadores. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, también manifestó su apoyo a la continuidad de la ley, indicando que aunque es necesario revisar y perfeccionar los reglamentos, esto no implica paralizar una legislación que cuenta con un respaldo transversal en el Congreso.

Por lo tanto, el Gobierno ha optado por mantener la Ley Karin vigente y avanzar en la revisión de sus mecanismos de aplicación. El propósito es corregir eventuales falencias, evitar el uso indebido de la normativa y asegurar que las denuncias legítimas de acoso y violencia laboral sean atendidas de manera oportuna, sin debilitar la protección de los trabajadores. La discusión ahora se centrará en cómo realizar estas mejoras sin poner en riesgo la esencia de la ley.