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Como preocupante calificó el Directorio Nacional de ANFUCULTURA las cerca de 20 observaciones realizadas por la Seremi de Salud Metropolitana en la inspección realizada el 12 de marzo pasado en las dependencias de Fray Camilo Henríquez 262, inmueble perteneciente al MINEDUC, en donde funcionan algunas unidades de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes como el Ballet Folklórico Nacional.

Las observaciones, detalladas en el acta Folio: 2113843351, solicitada por ANFUCULTURA  vía ley Transparencia, resultan preocupantes si se considera que la mayoría hace referencia al incumplimiento del Protocolo COVID-19 en medidas básicas que los empleadores deben garantizar para salvaguardar la vida y salud de quienes son conminados a hacer labores presenciales.

En este sentido, llama la atención que la autoridad sanitaria indique el deber de instalar señalética adecuada referente a las medidas de cuidado personal del COVID, así como  para cuidar los aforos mínimos en áreas de uso común, como camarines baños y comedores, o instalación de contenedores exclusivos para residuos generados por el COVID (guantes, mascarillas), o aumentar la dotación y periodicidad en la entrega de insumos de cuidado, además de actualizar el Protocolo Covid-19 al vigente.

Por su parte, según fuentes de la SEREMI de Salud, dado la falta de ventilación que afecta a las dependencias del BAFONA, no es posible desarrollar actividades laborales en el recinto, lo que fue informado  a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Las observaciones también dicen relación con las medidas de prevención de riesgo básicas ante cualquier emergencia, como vías de escape obstruidas, indicación sobre realizar estudio de carga de combustible y almacenamiento de gas licuado en octavo piso.

Esta situación se suman las inspecciones sanitarias solicitadas por ANFUCULTURA para las oficinas  de la subsecretaría en Ahumada 48 piso 4 en Santiago y Sotomayor 233, piso 2 en Valparaíso, ante el incumplimiento a abril de 2021, entre otras cosas, la conformación del Comité de Vigilancia del Riesgo Psicosocial Regional, a pesar de las instrucciones reiteradas de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y de las solicitudes hechas por el Comité de Vigilancia del Riesgo Psicosocial Nacional y ANFUCULTURA. En complemento, la solicitud también da cuenta del incumplimiento de las medidas prescritas para el tratamiento de los funcionarios que han sido calificados con enfermedad laboral. También fue motivo de estas solicitudes el incumplimiento en el resguardo de trabajadores no esenciales en plan paso a paso y la exposición de las y los funcionarios a contagio de COVID, en el caso de la Región Metropolitana, además de las dificultades para dar cumplimiento del Decreto Supremo 564 y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en ambas regiones.

Estas situaciones se entienden de una manera más amplia en el contexto de lo expuesto recientemente por el presidente nacional de ANFUCULTURA, Jorge González San Martín, en las comisiones de Cultura y Trabajo de la Cámara de Diputados en donde el dirigente ha señalado que debido a la crisis y la Pandemia, en el Presupuesto 2021 se fortaleció la posibilidad de proveer empleos financiados vía concurso de recursos para la gestión de proyectos culturales “a expensas de otros programas no concursables. Esto significó, finalmente, incrementar en 12 mil millones de pesos esta modalidad de provisión de ingresos para el sector cultural mediante un FTE”.

A esto, explica González, se agrega el que “por el contrario de lo que recomendamos y demandamos innumerables organizaciones de trabajadores, incluida la novel Bancada cultural, la propuesta del Ex Ministro Briones debilitó la musculatura de la dotación de nuestra institución de 906 a 751 cargos, 155 menos de lo consagrado en la Ley de Presupuesto 2020”. Estas unidades fueron establecidas en el contexto del informe financiero que creó el nuevo Ministerio y que debían proveerse entre el 2019 y el 2020. “En su momento señalamos que este error nos arrojaría a una crisis y del trabajo sin precedentes en nuestra institución, que pondría en peligro la provisión oportuna de estos recursos, más necesarios que nunca para el sector laboral más golpeado por la crisis económica. No fuimos escuchados por el ex Ministro Briones y la ley se promulgó”, agrega.

La sobrecarga de trabajo, dada por la gestión de 12.583 proyectos  en equipos de trabajo con recortes de dotación ha implicado, a su vez, un aumento en un 400% de licencias médicas por enfermedad profesional. A esto se suman las enfermedades profesionales diagnosticadas por la Mutual de Seguridad, que a su vez aumentaron en un 125%. Sin embargo, para el dirigente, “la respuesta institucional frente a esta realidad de pauperización de la calidad del trabajo ha sido el incumplimiento en un 100% en las medidas y plazos instruidos por la Mutual de Seguridad, tanto para los años 2019 y 2020, que en su conjunto instruyeron cambio de puesto o de funciones” y  agrega que “La principal explicación institucional para no dar cumplimiento a los tratamientos ordenados por la mutual, es la aplicación de la circular 15 de austeridad, que limita contrataciones o reemplazos”.

Esta situación  afecta la provisión de servicios a un sector fuertemente golpeado como las Culturas, las Artes y el Patrimonio  por el abandono en que este gobierno lo dejó ya antes de la Pandemia y que con la crisis sanitaria no ha hecho otra cosa que empeorar a niveles alarmantes. De esta manera, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes se vio obligada a prorrogar las firmas de convenio de los Fondos Concursables de este año, lo que tiene a artistas, gestores y colaboradores con sus proyectos paralizados por meses y sin los recursos mínimos para subsistir desarrollando su actividad.