Aprueban legislar para mejorar la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación

La iniciativa, en trámite en la Comisión de Educación, además, agiliza el incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación, entre otros aspectos.

Por unanimidad, la Comisión de Educación aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que complementa normas respecto del sistema educativo (boletín 15153).

La propuesta del Gobierno plantea mejorar los procesos urgentes asociados a la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación. Así como, también, el pago del incentivo al retiro de docentes y asistentes de la educación municipal.

Por otra parte, busca facilitar el pago de deudas previsionales a trabajadores de la educación y hacer voluntaria la rendición de evaluaciones a docentes.

Ejes de la normativa

Entre los principales aspectos del mensaje se encuentra la extensión del plazo de implementación de los Servicios Locales de Educación. Estos entraron en funcionamiento en 2022 y tienen hasta el 2023 para complementar el traspaso.

Con esta norma, se espera que tengan hasta el 2024 para mejorar los procesos críticos de la instalación. Este tiempo se considera necesario para realizar todos los procesos asociados al traspaso del servicio educativo desde los municipios.

Respecto de agilizar el incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación, el texto señala que el retraso en la implementación de los bonos ocurre porque, para su asignación, el análisis de antecedentes se debe realizar por grupos de trabajadores asociados a un sostenedor.

Por ello, si uno de esos docentes o asistentes tiene problemas en su documentación, se remiten nuevamente al sostenedor el conjunto de antecedentes.

Con esta modificación se corregiría esta situación, permitiendo realizar más de un acto administrativo por sostenedor, los que podrán habilitar el pago para quienes sí tienen su documentación en orden.

Deudas previsionales y evaluación docente

La iniciativa incorpora, además, el pago de deudas previsionales a trabajadores de la educación.

Se le entrega al Ministerio de Educación la facultad para utilizar los recursos retenidos en el pago de dichas deudas y hacer los pagos en coordinación con los sostenedores. Esto, con el fin de hacer un proceso expedito y evitar doble pagos.

Por otra parte, la propuesta busca suspender la rendición de la Evaluación Docente y los instrumentos contemplados en la carrera docente para los años 2022 y 2023.

Lo anterior, con el propósito de permitir su rendición voluntaria, tanto para los docentes (a quienes les corresponda evaluarse estos años), como para quienes suspendieron su rendición durante los años 2020, 2021 y 2022.

El proyecto señala que a los docentes que suspendan su evaluación no se les aplicarán sanciones o rebajas en sus asignaciones.

La Comisión conoció la postura de las Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales de Chile y del Centro de Políticas Públicas de la UC. Asimismo, acordó fijar el 28 de julio como plazo para presentar indicaciones.