La seguridad se ha convertido en una preocupación primordial para los ciudadanos. Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) un 87,6% de la población tiene la percepción de que la delincuencia ha aumentado en el último año.

En medio de esto, la inversión municipal en esta área emerge como un factor relevante, al ser estas entidades la primera línea de respuesta ante distintas problemáticas de los vecinos. Un análisis realizado hace algunas semanas por un destacado medio, arrojó las disparidades existentes en 17 comunas de la Región Metropolitana, mostrando la urgente necesidad de adoptar un enfoque colaborativo y tecnológicamente avanzado para abordar este desafío.

Las cifras son bastante decidoras: mientras Las Condes y Lo Barnechea lideran con inversiones que superan los 13 mil millones de pesos durante este 2024, hay otras comunas que luchan por alcanzar los 2 mil millones, como Estación Central y Maipú. Si bien, son conocidas las diferencias socioeconómicas entre municipios, es importante plantear interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos para la seguridad ciudadana.

Ahora bien, más allá de las cifras, lo que es alentador realmente, es observar cómo algunas comunas están logrando incrementar significativamente sus presupuestos, gracias a fondos concursables y aportes gubernamentales. 

Con la implementación de sistemas de televigilancia, pasando por la renovación de luminarias y la adquisición de equipamiento para patrullajes, cada comuna adapta su estrategia en razón de las necesidades específicas que tengan. Esta flexibilidad es relevante, pero también subraya la importancia de compartir experiencias y mejores prácticas, entre los diferentes municipios con presupuestos similares o cercanos.

En este panorama, la tecnología emerge como un aliado fundamental. La inversión en cámaras de vigilancia, drones, o sistemas integrados de seguridad, no solo mejoran la capacidad de respuesta ante incidentes, sino que también, se configuran como potentes disuasores del delito. No obstante, es esencial que esta implementación tecnológica vaya de la mano con políticas de prevención y programas comunitarios que aborden las raíces de la percepción de inseguridad.

Aquí el enfoque de seguridad colaborativa toma relevancia para maximizar el impacto de estas inversiones, dado que esto no solo implica la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales, sino también de la activa participación del sector privado y la comunidad. Por ejemplo, las subvenciones a organizaciones vecinales para proyectos de seguridad, como se observa en algunas comunas, son un paso en la dirección correcta.

El desafío, ahora, es cómo replicar y escalar estas iniciativas exitosas, especialmente en aquellas comunas con recursos más limitados. Impulsar la inversión en seguridad es una tarea que requiere el compromiso de todos los actores sociales. En el Grupo Federal, comenta el gerente Dietter Rahmer, cuando hemos visto mejores resultados ha sido cuando existe una visión de seguridad colaborativa entre vecinos, barrio y/o sector. En algunos casos existen reuniones periódicas donde participan todos los involucrados y se toman decisiones de maneras ágil y que benefician a todos de manera indirecta. También existe un beneficio monetario a cada persona por economía de escala y cumple principalmente el objetivo de tener barreras disuasivas desde lo macro a cada propiedad. 

Algunas soluciones pueden ser cámaras en accesos principales, lectoras de patentes con listas negras, móviles con guardias dando rondas, iluminación en los espacios y mucho más que complementa tecnología y recursos humanos de protección.  

Eso sí, solo a través de un enfoque colaborativo, que aproveche la tecnología y promueva la participación ciudadana, podremos construir espacios, barrios, comunas y ciudades más seguras, transitando para que la seguridad sea un derecho efectivo para todos.