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Si bien sabemos que la democracia griega se daba en un contexto de libertad para unos y esclavitud para otros, el espíritu que la historia ha traído hasta nuestros días es el de un sistema político que puede con mayor probabilidad garantizar los derechos de todos y todas. Del mismo modo que las libertades debiesen aplicarse por igual a todos los ciudadanos y las ciudadanas (es relevante marcar el género en este punto, pues sabemos que sólo muy recientemente en la historia las mujeres alcanzan los derechos civiles), tanto las limitaciones a esos derechos como los deberes que se desprenden del ordenamiento jurídico también debiesen aplicarse igualitariamente. Si esto ocurre en la esfera cívica, con mayor razón resulta esperable que las condiciones biológicas que permiten la existencia de la comunidad organizada (países, pueblos) alcancen igualmente a todos sus miembros. En consecuencia, lo mismo deberíamos esperar de la ausencia de tales condiciones. 
Este último caso, la amenaza de las condiciones de subsistencia, es el momento que hoy ha caído sobre la “reunión de pueblos” del mundo. Todo parece indicar que la vulnerabilidad frente al agresivo avance del coronavirus no es exclusiva de ningún grupo, es decir, que sería una desgracia “democrática”, sin embargo, hay hechos que permiten matizar esta perspectiva, llamando a la reflexión y, esperamos, a la acción.
El acceso a insumos y materiales de seguridad sanitaria. La inexistencia de facultades para regular los precios de artículos de primera necesidad permitió el acaparamiento de productos desde farmacias y supermercados, y ralentizó su distribución en sectores más vulnerables.

El confinamiento voluntario. Esta medida quedó reservada para empleos y funciones respaldados por sistemas de trabajo remoto y excluyó de facto a los trabajadores asalariados de los sectores industriales y el comercio, muchos de ellos con recursos limitados o derechamente vulnerables. Estos mismos trabajadores y trabajadoras son los más expuestos a las aglomeraciones en la locomoción colectiva y en los espacios laborales. De mayor gravedad aún es la absoluta falta de responsabilidad social y la insólita conducta hedonista de muchos que continuaron con su estilo de vida, incluido el ocio y el esparcimiento, poniendo en peligro a miles de otras personas.

La red asistencial. Varios días después de declarado el estado de catástrofe, se anunció la incorporación del sistema asistencial privado a la red que debe afrontar la catástrofe. Una medida cuyos alcances prácticos se desconocen, pero que revela la necesidad de que el Estado cuente con la capacidad para intervenir en los intereses privados cuando la comunidad lo requiera.

Empleo. Si bien algunos anuncios de gobierno apuntarían a la protección del empleo, la precariedad existente presagia altos índices de cesantía, considerando los trabajos informales, de jornadas parciales u otros. La cesantía golpea de modo absolutamente desigual a las familias más pobres, que no cuentan con patrimonio de reserva o acceso al crédito, en un año 2020 en que el endeudamiento familiar ya había dado señales de alerta.

En síntesis, la pandemia extendida por definición a casi todo el globo, en los hechos castiga más a algunos y algunas. La proliferación del virus, su potencial para provocar muertes y la ausencia de tratamiento, son hechos aparentemente independientes de grupos o personas, pero no así la aplicación de políticas para el acceso a la atención de salud y para la aplicación de medidas restrictivas.
Tenemos la esperanza de que se impongan liderazgos internacionales más compasivos, que pongan como prioridad la salud de toda la población y no el sistema económico imperante (los casos de Trump y Bolsonaro son muestras sorprendentes de esta escala de valores). Sin embargo, hasta el momento la pandemia, salvo casos excepcionales, no está resultando tan democrática. Es la hora de proyectar en el futuro cercano nuevos procesos de profundización de la democracia, para conformar una verdadera “reunión de pueblos”, un Estado del que todos y todas nos sintamos partícipes y corresponsables de nuestra protección. Por el momento, en las autoridades recae la gran responsabilidad de evitar grupos de sacrificio (adultos mayores, pobres), intentando por todos los medios viralizar el bienestar social para todos y todas.