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Durante los últimos años y especialmente después de la pandemia, los trabajadores de la salud han experimentado un aumento de las amenazas y violencias verbales y físicas por parte de los usuarios del sistema. Si bien este fenómeno no es nuevo, si parece serlo su magnitud. En 2023, según el Ministerio de Salud, se denunciaron 7184 hechos de violencia y un 66% de los funcionarios revela haber sufrido algún tipo de violencia en el desempeño de sus funciones a lo largo de su carrera. Sin embargo, al parecer se ha minimizado uno de los problemas de fondo. En salud no somos más que el reflejo de la sociedad en que estamos viviendo. Cuando en la ciudad falta agua potable, los hospitales se llenan de niños con diarrea; cuando las condiciones de trabajo son inseguras, se llenan de accidentes laborales; así, cuando la cotidianeidad se vuelve violenta, recrudece la violencia en el trato a los funcionarios de salud. Por ello no es suficiente abordar los síntomas del problema. Debemos hacernos cargo del tema de fondo: mejorar la convivencia en nuestras comunidades. No sirve el “manodurismo”. Nuestra hipótesis de trabajo es que el empoderamiento de los ciudadanos en sus derechos en salud no ha ido acompañado de las herramientas para el manejo de conflictos, la construcción de acuerdos y la canalización efectiva de aspiraciones y demandas. Menos aún se ha desarrollado un rechazo absoluto y radical a la violencia contra las personas. Además de promover las medidas inmediatas, desde la Atención Primaria debemos fomentar el desarrollo de relaciones sanas, actitudes de intercuidado al interior de los equipos de salud y también entre éstos y los usuarios. Necesitamos más “cuidadanos”, personas que participen y alimenten relaciones sociales saludables. En la medida que construyamos comunidades comprometidas con el buen vivir y la vida saludable, estaremos atacando el problema de fondo, el déficit de Saludanía.